Sería relativamente sencillo para
el autor de estas líneas efectuar una crítica descarnada de nuestro Ministro de
Justicia amparando la misma en el comentario a determinadas leyes con un
marcado sesgo político, a fin de que las personas de ideología contraria al
Partido Popular mostrarán conformidad con estas manifestaciones, pero sucede
que no es intención de esta parte criticar una ideología ni de izquierdas ni de
derechas. Allá cada cual con su credo político y además, se da la circunstancia
de que a través de ese tamiz partidista no habría habido en toda la democracia
un solo Ministro de Justicia digno de salvarse de la quema. (Tampoco recuerdo
ahora mismo ninguno extraordinario por el que haya sentido auténtica devoción a
lo largo de los años).
No. La crítica a nuestro actual
ministro no viene, ni de lejos, de una necesidad de criticar su ideología. Ha
pasado un año de la entrada en vigor de la famosa ley de tasas y creo este un
buen momento para realizar una pequeña crítica, que quizá no por original, pero
sí por realista, merece ser tenida en consideración.
A poco de llegar el señor
Gallardón a su condición de Ministro de Justicia, el mismo ya efectuó una
primera manifestación respecto de la necesidad de agilizar la justicia por el
evidente estado de embotamiento de nuestros tribunales. En ese momento, no
obstante, las miras del señor ministro iban orientadas a otros ámbitos. De
hecho, el primer globo sonda que lanzó fue orientado a manifestar que a su
juicio la situación actual se solventaba con eliminar la inhabilidad del mes de
agosto a los efectos de hacer más ágil la ruedas de la justicia. Y eso lo dice
un fiscal metido a ministro que no estuvo ejerciendo su puesto en fiscalía más
de seis meses antes de dedicarse a la política y debemos entender que con ese
bagaje, este señor estaba capacitado para resolver todos los problemas
jurídicos de este país. Ahí va otra opinión, que quizá tenga sus detractores
entre los funcionarios de justicia, pero que no pretende herir la sensibilidad
de nadie, sino simplemente dar una opinión seria con una posible solución
parcial a un problema importante, eso sí, emitida por una persona que ejerce de
abogado hace 22 años, es decir, sólo 44 veces más tiempo acudiendo día a día a
los tribunales que nuestro señor ministro, con lo cual, no me hagan ustedes
mucho caso. Yo creo que un buen principio para solucionar los problemas de
atasco de la justicia estaría en exigir que todos los funcionarios de justicia,
desde los jueces hasta el más bajo eslabón del organigrama de la oficina
judicial, tomaran obligatoriamente sus vacaciones estivales durante el mes de
agosto con la excepción de aquellos juzgados que por tener reservada
determinada actividad durante este mes, hubieran de optar a las vacaciones en
otro momento.
¿Porque?. Muy sencillo: acudiendo
a un terreno muy personal, mi mujer es profesora de educación secundaria, de
modo que también conozco de cerca los problemas de la educación. ¿Sinceramente
entendería algún español que un profesor de este país tomase sus vacaciones
estivales en el mes de junio o en el mes de octubre cuando el curso está en
pleno apogeo y los alumnos tienen la obligación de ir a clase?. Todos asumimos
que las vacaciones de los profesores de todo tipo deben disfrutarse los meses
de julio o agosto, pues otro tipo de vacaciones estivales sería disparatado y
no creo que sea necesaria una explicación más extensa al respecto de esta
cuestión. Quien se mete a profesor sabe qué puede esperar y qué no.
Uno de los problemas con los que
nos encontramos los profesionales al acudir a los juzgados en el periodo
comprendido principalmente entre los meses de junio y octubre, ambos inclusive,
de cada año, es con el hecho de que es mucho más fácil encontrarse a los
funcionarios del juzgado o al propio juez de vacaciones en junio, julio,
septiembre u octubre que en agosto. La explicación es bien sencilla: tienen
todo el derecho del mundo porque nadie se lo coarta, a coger vacaciones cuando
les apetece, (yo también lo haría si pudiera). Hacerlo durante uno de estos
meses, supone tener que ir a trabajar en agosto, lo cual, más que un castigo,
es un privilegio, por cuanto la actividad de los profesionales y del público se
reduce hasta escalas que no alcanzan de forma genérica un 5% de la actividad
ordinaria del resto de los meses del año. La tramitación de expedientes durante
el mes de agosto es prácticamente nula y la falta de juicios que celebrar
también. Eso sí, es muy fácil que cualquier profesional vaya a solicitar el
resto de los meses mencionados un expediente y se le diga que vuelva en 15 días
porque el encargado de tramitar el mismo está de vacaciones. Esto hace que, en
la práctica, el juzgado funcione parcialmente de junio a octubre principalmente
con el consiguiente atasco en la tramitación de expedientes.
A juicio de esta parte, una
solución buena, aunque no completa ni definitiva a los problemas de la Justicia,
sería la de exigir que los funcionarios tomaran sus vacaciones única y
exclusivamente durante el mes de agosto con las excepciones que hemos dicho
varios párrafos más arriba. Creo que no sería disparatado manifestar que el
público en general aceptaría con toda normalidad que una de las obligaciones de
quien trabaja para justicia sea la de tomar sus vacaciones en el mes de agosto
como se acepta que las vacaciones de los profesores deben tomarse obligatoriamente
durante el cierre del curso en verano para no perjudicar a los alumnos.
Posiblemente esto no resuelva todos los problemas, pero a juicio de esta parte
sería un paso importante en la dirección adecuada.
Pero no, tranquilícense que el
señor ministro no ha hecho nada de esto, (pues la medida le indispondría con el
colectivo de funcionarios de Justicia afectados por la misma). Como la justicia
está atascada y tenemos una gravísima crisis económica es mucho mejor cargar a
los ciudadanos con tasas por el ejercicio de acciones judiciales y de acceso a
la justicia. La excusa es buena: existen multitud de procedimientos de cuantía
ridícula desde un punto de vista judicial que no hacen más que paralizar la
buena marcha de la justicia. Si se obliga a los ciudadanos a pagar una tasa que
en muchos supuestos excede del importe de su reclamación se hace inviable la
misma, con lo que evidentemente la justicia reduce sus expedientes porque para
que se va a intentar la reclamación de una cuantía de 200 € si para ejercitar
tal opción hay que abonar 300 €.
Efectivamente las reclamaciones
se han reducido sensiblemente. Todos los profesionales lo sabemos, pero ello no
supone necesariamente una mejora de la justicia ni una solución de los
problemas de la misma. De entrada, hay que recordar que la mayoría de las
reclamaciones de escasa cuantía se interponen frente a la propia Administración,
a través de la jurisdicción contencioso administrativa, donde estas
reclamaciones llegan a causa y como consecuencia de que la administración
primero sanciona o limita los derechos de los ciudadanos, muchas veces sin ton
ni son, y después no es capaz de reconocer sus errores en vía administrativa,
cuando los profesionales ejercitamos acciones que son denegadas
administrativamente en un porcentaje superior al 99%, y que posteriormente son
mayoritariamente estimadas ante los juzgados de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa .
Por otro lado es indiscutible que
la obligación de abonar tasas favorece no un acceso más igualitario, sino todo
lo contrario, pues hace que las grandes corporaciones puedan permitirse este
acceso con o sin razón, mientras que el particular muchas veces se ve
incapacitado para formular recurso frente a una resolución que estima errónea
pero que debe acatar ante la imposibilidad de hacer frente al abono de las
tasas en vía de recurso, por poner un solo ejemplo.
Si, se ha reducido sensiblemente
el número de procedimientos judiciales abiertos, pero no por ello se ha
resuelto ningún problema del estado de derecho. Sólo se ha logrado acallar las
voces de los más desfavorecidos, que por qué no decirlo, son además muy a
menudo las personas a las que con más facilidad se pisotean sus derechos por
tratarse de un colectivo más vulnerable a los abusos que otros, precisamente
por carecer de medios económicos.
Hace muchos años, en los años de
la transición, el entonces llamado Ministerio de Hacienda tenía gravísimas
lagunas que hacían que el Estado dejara de recaudar cientos de miles de
millones de las antiguas pesetas como consecuencia de la picaresca de los
ciudadanos. Aún subsiste parcialmente este problema, pero nadie duda de que el
mismo se ha conseguido reducir sensiblemente mediante un sistema que en nada
tiene que ver con reducir el acceso de los ciudadanos, simplemente se han
invertido cantidades ingentes de dinero en sistemas informáticos, procesos de
información y medios humanos y técnicos de todo tipo. Como consecuencia,
nuestro fisco es capaz de recaudar ahora muchísimo más dinero del que
proporcionalmente era capaz de recaudar hace 35 años. La solución a los
problemas de la justicia, a juicio de esta parte, está en la misma dirección:
hay que invertir ingentes cantidades de dinero en modernizar de una vez por
todas los medios técnicos y materiales de todos los juzgados españoles, pues
aunque esa inversión duela a corto plazo, a medio y largo plazo supondrá un
desahogo para todos los españoles, pero claro, el Gobierno de turno ve en esta
inversión un gravísimo problema de control, pues la administración de Justicia
es o debe ser en teoría un poder separado e independiente del poder ejecutivo y
dotar de medios a la Justicia es dar armas a los ciudadanos para defenderse
frente a los abusos de la Administración. La solución de agredir el bolsillo de
los ciudadanos, que no deja de ser una coacción, para evitar el acceso de los
mismos a la administración de justicia no deja de ser una cacicada propia de
repúblicas bananeras. Y ¡ojo!, no se trata de que esta parte abogue porque la
justicia tenga que ser gratuita, sucede que le sorprende al autor de estas
líneas que en un país como España en el que la sanidad debe ser enteramente
pública y gratuita y la educación debe igualmente ser gratuita al menos en los años
de escolarización obligatoria, la Justicia pueda no serlo, cuando es evidente
que sin un estado de derecho adecuado, un país se paraliza tanto o más que sin
una buena educación o una buena sanidad. Creo que hay formas mucho más
adecuadas de acometer el mismo problema: por ejemplo, se podría tener un acceso
completamente libre a la justicia y solo imponer todo tipo de tasas, multas y
costas a quien viera desestimadas sus pretensiones mediante sentencia firme,
pues en ese momento, ya obtendríamos una visión global de si una persona ha
accedido a la administración de justicia con una pretensión coherente o no. Que
el castigo, (porque es un castigo, no lo olvidemos), caiga no sobre quien se ve
obligado a interponer una reclamación o un recurso, sino sobre quien finalmente
vea desestimadas todas sus pretensiones, porque el empecinamiento en una
postura contraria a la lógica bloquea mucho más el funcionamiento de la
justicia con pleitos innecesarios que el acceso de los ciudadanos para recurrir
una sanción de 100 €, llegado el caso, si a los mismos les asiste realmente el
derecho a plantear dicha reclamación por un dinero que les pertenece. Pero
claro, con este planteamiento, a lo mejor es el propio Estado el que podría perder
su feudo y su chollo actual contra los ciudadanos de a pie.
No creo que el señor Ministro no
sea capaz de ver todo esto. Creo simplemente que es incapaz de proponer una
normativa no sólo eficaz, sino también justa para todos los ciudadanos y creo
igualmente que es incapaz de hacerlo por no morder la mano que le alimenta y
por eso creo que es uno de los peores ministros de toda la democracia española:
a diferencia de otros Ministros anteriores, (tanto en Justicia como en otros
ministerios), tiene preparación académica y experiencia en muchos campos y
además tiene mucha experiencia política, (aunque no la tenga judicial). Creo
que sabe lo que debería hacer con la Justicia, pero carece de arrestos para
ponerse del lado de los ciudadanos que le han votado y renunciar a muchas de
las prebendas que disfruta como político profesional, para que el autentico
control vuelva al pueblo a través de una Justicia realmente potente e
independiente, en lugar de estar en manos de una casta política y
administrativa cada vez más viciada y mas apartada de la realidad social.
Fernando Mª Nogués
Guillén (Abogado).
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