A estas alturas de la película, es más que conocido el asunto de las preferentes y en qué consistían éstas. Por todo ello, no voy a insistir mucho más en describirlas y en explicar su funcionamiento.
Voy a centrarme más concretamente en la segunda parte de toda esta historia, en cómo se está resolviendo y como quedará el panorama de los preferentistas y en cierta forma el de las entidades.
La solución otorgada por el FROB, es el arbitraje, un medio de resolución de conflictos para este caso, en el que aprecio un arma de doble filo, puede resultar favorable al preferentista y además gratuito, o por otro lado, totalmente en contra y perder la posibilidad de reclamar judicialmente. He aquí donde reside el “arreglo” de las preferentes, una estrategia en la que el afectado cegado en la mayoría de los casos por los neones de poder solucionar su problema de manera gratuita sin la necesidad de desembolsar dinero en un abogado, acuda a este “arbitraje”, con la ilusión de que resuelvan en su favor, renunciando a poder acudir a la jurisdicción ordinaria, debiendo de cumplir otros requisitos previos, como la firma del canje de sus acciones o ser accionistas de unas determinadas cantidades, dando preferencia a las cuantías menores, en detrimento de las más elevadas. Frente a este panorama, me asaltan una serie de preguntas ¿hasta qué punto es lícito la imposición de esta condición?, ¿quién dice que si acudo a una vía, no pueda acudir después a la otra?, ¿porqué no recibo la totalidad de lo invertido?, y otras muchas más.
Para mí, ésta es una de los engaños más obvios de la solución de este problema, la entidad es ama, dueña y señora de los afectados, lo cual se me antoja cuanto menos esperpéntico. Es decir, las condiciones o requisitos, limitan de manera flagrante la capacidad de maniobrar de los afectados, teniéndose que amoldar a lo que se les ofrece, lo que en castilla entendemos como lentejas.
Por otro lado, de decidir someternos, aparece el árbitro, una persona a la que se garantiza a los preferentistas que se tratará de alguien independiente, designado por el FROB, el cual decidirá en función de cada caso si procede reconocer la mala práctica de la entidad o no, en el plazo de un periodo de tiempo de unos pocos meses, lo que podemos traducir en lobos vigilando ovejas.
Si con suerte han resuelto a nuestro favor, no recuperaremos todo lo invertido de golpe y quién sabe si toda la inversión, ya que lo que se está garantizando es un 90% de lo invertido en el mejor de los casos. Por otro lado, una parte se nos entregará en líquido, y otra parte, la mayor, se nos compensará en acciones, bonos, etc, de la entidad pertinente, canjeables a partir de un determinado periodo de tiempo. Aquí es donde aparece otro de los engaños, el hecho de no poder recuperar la integridad de lo invertido, lo cual sería lo pertinente y lógico, pero hemos de recordar que seguimos en el paradigma del disparate. Obviamente, si el árbitro resuelve afirmando que no hubo mala praxis, negligencia, etc, por parte de la entidad, aquí habrá acabado nuestra vía de recuperar lo invertido.
Ante este panorama y por si a caso para suavizar la situación, en algunos casos, alguna entidad ha ofrecido un determinado porcentaje de la inversión para los casos en los que el arbitraje se resuelva de manera negativa para el inversor.
Como conclusión creo que un gran número de las personas afectadas, se trata de gente que invirtió a tientas, sin información alguna y en la que jugó un papel muy importante la relación personal que mantenían con el personal de las entidades, más que otros principios más importantes. Pese a ello, hay que ser realistas y remarcar que gente que conocía del producto se ha subido al carro de las reclamaciones.
Es más que sabido, que cada día salen noticias relativas a este tema que parecen aclarar las cosas, y otras, al segundo, que lo enturbian más, sinceramente, según esta el panorama ahora mismo, tardará en solucionarse este problema, con lo que los afectados prolongarán aún más su sufrimiento.
Con todo esto y tras este breve análisis, algo que sacar en limpio para estas situaciones es que, aunque parezca un gasto, más que una inversión, solicitar los servicios de un abogado puede ayudarnos y librarnos de algún quebradero de cabeza que otro de más, y poder recobrar aquella inversión que de otra manera quizá sea a fondo perdido.
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